Municipalidad de Paillaco arriesga pagar 512 millones de pesos en juicios laborales
Publicado el Monday, April 7, 2025
La semana pasada, la Corte de Apelaciones ordenó el reintegro de dos funcionarios municipales que fueron despedidos con contrato vigente. La Municipalidad de Paillaco despidió a 15 personas en estas mismas condiciones, situación que si no es revertida a la brevedad, puede generar más de 500 millones de pesos en indemnizaciones.
Los primeros 100 días de la administración del alcalde Cristian Navarrete están a punto de transformarse en los peores de toda la historia de la comuna.
La semana pasada, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió acoger el recurso de protección presentado por María Orfelina Escalona Lara, técnico en enfermería de nivel superior, quien recurrió contra la Municipalidad de Paillaco luego de ser desvinculada a través del Decreto Alcaldicio N°237, dictado el 27 de enero de 2025. Escalona argumentó que dicho acto vulneró sus garantías constitucionales, especialmente las referidas a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones. Luego de analizar los antecedentes, la Corte dictaminó que el término anticipado de la contrata, sin motivación suficiente y contrariando lo previamente comunicado, “deviene en ilegal y arbitrario”, lesionando los derechos constitucionales de Maria Escalona y ordenó a la Municipalidad de Paillaco “prorrogar la contratación de la recurrente desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de este año, sin solución de continuidad” y pagar las costas del juicio.
En la misma semana el mismo tribunal ordenó el reintegro otro funcionario municipal, pero esta vez de Panguipulli. Con este nuevo fallo se acababa de crear jurisprudencia.
EFECTO DOMINO
El problema que tienen ahora que resolver el Concejo Municipal es que el alcalde Cristian Navarrete despidió a 15 personas en las mismas condiciones, y si esta situación no es revertida a la brevedad, puede generar más de 500 millones de pesos en indemnizaciones.
Lo concreto, es que todas las señales jurídicas indican que los trabajadores deberán, a la larga, ser reincorporados y recibir sus remuneraciones retroactivas, las cuales suman cerca de 20 millones de pesos mensuales.
De extenderse la disputa judicial, cada mes que pase la cifra irá aumentando y a fines de abril serán 40 millones, de ahí la importancia de que este conflicto termine. De no ocurrir lo anterior, pueden venir las demandas por vulneración de derechos y daño moral que se calcula lleguen a 30 millones de pesos, y si son 15 personas afectadas, la cifra podría llegar a superar los 500 millones de pesos con los reajustes y las costas de los juicios.
LLAMADO A LA CORDURA
En el medio regional www.noticiaslosrios.cl el concejal Fernando Alvarez alertó sobre esta situación señalando que es un indicio de una grave crisis de gobernabilidad que podría afectar a la comuna. “Hoy conocimos el fallo que califica la violación de los derechos a una madre trabajadora en nuestra comuna, a la cual se le debe restituir todo aquello que le fue arrebatado arbitrariamente, por revanchismos antojadizos de la actual administración. El costo de esta reposición y de las demandas por tutela y daño moral que hoy, potencialmente se vienen, sobre la actual administración nos expone a un detrimento patrimonial importantísimo, ante la supuesta ‘falta de recursos’ de nuestra municipalidad”.
El concejal expresó su preocupación por el impacto financiero que podrían tener futuras demandas, señalando que el fallo conducirá a resultados similares en los casos de una veintena de funcionarios desvinculados. “Se ha contratado más personal, ¿qué hará la actual administración para, ahora recontratar a los funcionarios despedidos en iguales condiciones que el caso hoy resuelto y pagar potencialmente demandas por tutela y vulneración de derechos?”, cuestionó.
Finalmente, Álvarez hizo un llamado a la administración municipal a atender con urgencia los casos de los trabajadores cuyos recursos de reposición fueron presentados al alcalde, sin haber recibido respuesta. A su juicio, esta omisión constituye otra causal para impugnar lo que calificó como tratos vejatorios hacia los funcionarios municipales.
Invitó al alcalde a “evaluar el aporte de sus asesores y que retrotraiga acciones que implicarán un daño patrimonial importante a la municipalidad y en definitiva a todas y todos los paillaquinos”.
“La solución siempre fue fácil, los funcionarios son trabajadores públicos, pues bien hágalos trabajar para el bien de su pueblo”, concluyó.